OPINION: ¿Cuál es el costo de no acceder al sistema de salud y a la escuela posterior a un desalojo?

Columna Opinión | Julio Olivares Puga | Trabajador Social 

¿Es acaso, el fracaso de la política pública? La comuna de San Felipe, y en particular, más de un centenar de personas que habitan el Campamento Yevide son los protagonistas por estos días, del análisis y puesta en escena de diversos servicios públicos.

Para el próximo día jueves 03 abril, se ha anunciado por parte de las autoridades de la comuna, que se llevará a cabo el desalojo de los residentes que se ubican en el Lote n°11 del Campamento Yevide. En dicho Lote, habitan personas migrantes de diversas nacionalidades, personas adultas chilenos, y lo más importante, niños, niñas y adolescentes chilenos y de otras nacionalidades.

En ese contexto, durante estos días hemos presenciado acciones no antes imaginada en cuanto a la puesta en escena de los equipos de comunicaciones de las diversas autoridades de la comuna y la región. Ahora bien, frente al cumplimiento y mandato judicial es preciso preguntarse ¿quién asume las costas de dicho proceso? La pregunta lejos de ser retórica, pretende poner el foco en dos variables que resultan ser trascendentales en a lo largo del ciclo vital de los niños, niñas y adolescentes como son la salud y la educación.

¿Cuál es el costo de no acceder al sistema de salud y a la escuela posterior a un desalojo? ¿Es acaso, el fracaso de la política pública? Quienes quieran pensar que el proceso de desalojo del Lote n°11 no significa un costo para “lo público” y “el problema” se resuelve y termina con el dar cumplimiento a la medida judicial está muy lejos de acercar.

Veamos, “la vivienda es un bien básico necesario para que las personas puedan desenvolverse a lo largo de su vida y, también, para poder desarrollar otros derechos fundamentales correctamente”; lo anterior, no significa de ningún modo una legitimización a la toma de bienes privados, en lo absoluto y mas bien pretende poner el acento el desarrollar un adecuado proceso que ponga en perspectiva los diversos sucesos de los cuales diversos sectores políticos no se hicieron cargo hace ya casi una década. En este contexto, nos sorprende (quizás no debería) que el “Estado ha tendido a una práctica común que consiste en desalojar a habitantes que se ven obligados a ocupar terrenos para conformar un hogar, al no tener acceso a un lugar para vivir”. Lo anterior a pesar de que muchos de los vítores de campaña de un gobierno “de izquierda” señalaban la idea del respeto estricto a los derechos humanos y garantías máximas a las personas, por sobre todo a las de menores ingresos.

Ahora, volvamos a la pregunta inicial. Diversos estudios nos señalan que, ante un proceso como este las costas en salud resultan ser gravitantes en la trayectoria vital de las personas poniendo en énfasis en los niños, niñas y adolescentes en áreas como la salud mental (para las personas migrantes, ya se estipula que dicho proceso de migración tienes significancia en su salud mental) traduciéndose en variables propicias para el aumento del estrés, la ansiedad, el trauma y eventualmente en el aumento del trastorno por abuso de sustancias. Así mismo y respecto a la salud física, se observa un deterioro o agravamiento de enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, y lo que resulta mas complejo, como la falta de acceso a medicamentos y asistencia a los servicios de salud públicos.

Por último, resulta importante pensar en los costos asociados al sistema educacional. ¿Cuál es el costo de la inasistencia de un niño, una niña, o un adolescente a la escuela? En este sentido, los estudios realizados en el país nos hacen referencia a fijar la mirada en la trayectoria académica de dichos estudiantes y las consecuencias que implica el destierro de su vivienda. Estos, hacen mención a la interrupción de la asistencia, la pérdida de materiales escolares y el cambio de escuela. Acá también, se pone el énfasis en la deserción escolar, afectación del desempeño escolar, desorganización del aula, y la mayor demanda por apoyo psicosocial que afectará las comunidades escolares.